El 2 de julio de 2026, Juanma Moreno, del Partido Popular (PP), fue investido presidente de la Junta de Andalucía en una segunda votación, alcanzando la mayoría simple necesaria para revalidar su cargo. Este hito se produjo después de que el PP obtuviera 53 escaños en los comicios autonómicos, quedándose a dos de la mayoría absoluta fijada en 55. La investidura se materializó gracias al respaldo de los 15 diputados de VOX, configurando así un bloque de investidura que sumó 68 parlamentarios en el Parlamento andaluz. Esta alianza marcó un punto de inflexión al significar la primera entrada de VOX en el Ejecutivo andaluz, con la designación de Manuel Gavira como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.
Con este pacto, Andalucía se posiciona como la cuarta comunidad autónoma en España con un gobierno de coalición entre el PP y VOX, siguiendo los precedentes establecidos en Extremadura, Castilla y León y Aragón. El acuerdo programático que cimienta esta nueva etapa, un extenso documento de 60 páginas que detalla 150 medidas, ha situado la «prioridad nacional» como uno de los pilares fundamentales que guiaron el proceso de negociación entre ambas formaciones políticas. La consecución de este pacto da inicio a una legislatura que integra elementos programáticos de ambos partidos, abarcando diversas áreas de gestión regional.
Auditoría del gasto en inmigración y supresión de subvenciones
Dentro de las 150 medidas que conforman el acuerdo de gobierno, un apartado específico aborda la gestión de la inmigración en la comunidad autónoma. El pacto establece la realización de una auditoría anual y pública que abarcará la totalidad de los gastos vinculados a la inmigración en Andalucía. Esta medida tiene como propósito, según el texto del acuerdo, proporcionar transparencia sobre la inversión de recursos públicos en esta área, permitiendo un seguimiento detallado de las partidas presupuestarias destinadas a la acogida, integración y otros servicios relacionados con la población inmigrante. La auditoría anual busca ofrecer un desglose pormenorizado de los fondos empleados en este ámbito.
Adicionalmente, el documento recoge el compromiso de suprimir las subvenciones dirigidas a aquellas organizaciones que, de acuerdo con el criterio establecido en el propio texto del acuerdo, se determine que favorecen la inmigración irregular o el tráfico de personas. El propósito de esta supresión de ayudas es, según lo articulado en el pacto, reorientar los fondos públicos hacia fines que se consideren alineados con la legalidad y el control de los flujos migratorios, así como evitar el apoyo financiero a entidades cuyas actividades puedan ser interpretadas como un incentivo para situaciones migratorias no reguladas o prácticas ilícitas. La implementación de este punto requerirá la definición de los mecanismos y criterios exactos para la evaluación de las actividades de las organizaciones y la posterior toma de decisiones sobre la continuidad o supresión de las subvenciones, buscando asegurar que los recursos públicos se destinen según los parámetros definidos en el acuerdo de coalición.
Redacción de Actualidad en eltitular.info